La acelerada integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la sociedad plantea la imperiosa necesidad de establecer directrices claras en los entornos educativos. No obstante, los resultados de una reciente encuesta realizada por la UNESCO, en más de 450 instituciones educativas, revelan una realidad preocupante: menos del 10% de estas cuenta con políticas institucionales u orientaciones formales en relación con el uso de la IA generativa. Y aproximadamente el 13% de las universidades informaron tener algún tipo de orientación, mientras que solo el 7% de las escuelas lo hicieron.
El uso de la IA en el ámbito educativo tiene el potencial de mejorar los resultados del aprendizaje, fortalecer la instrucción y contribuir al bienestar de los profesores. Sin embargo, la ausencia de directrices claras conlleva el peligro latente de violaciones a la privacidad y la seguridad de los usuarios.
Para garantizar un uso responsable y beneficioso de la IA en los objetivos educativos, resulta crucial poner en observación áreas clave de la política tecnológica. Entre ellas se destacan la protección de la privacidad, la seguridad de los datos, la integridad de los estudiantes y la propiedad de la información recabada. Es fundamental además alinear el despliegue de la IA con la normativa vigente y consideraciones éticas, con especial énfasis en lo relativo a la privacidad de los alumnos y el resguardo de los datos.
La rápida evolución de la tecnología exige una respuesta proactiva por parte de las instituciones educativas, a fin de asegurar que la integración de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera ética, legal y respetando la ciberseguridad.
